Salta le dice no a la baja de la edad de punibilidad

La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) es uno de los organismos que actúan en Salta y que la semana pasada hicieron un contundente pronunciamiento en contra del proyecto por el que el gobierno nacional pretende modificar el Régimen Penal Juvenil que tiene como núcleo la baja de la edad de punibilidad. Fue por medio de un documento conjunto que también suscriben la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos de Salta que integran la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet y la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo e Hijos, en el que se sostiene que antes que “profundizar un régimen heredado de la dictadura”, es preciso “garantizar el acceso a derechos fundamentales” para niños y adolescentes.

Los organismos fueron claros al cuestionar los fundamentos que expone el gobierno nacional para impulsar su proyecto y, en tal sentido, denunciaron que el principal argumento que se basa en el supuesto incremento de delitos cometidos por niños y adolescentes resulta “totalmente falso y cargado de prejuicios”. Asimismo, advirtieron que, en muchos casos “el primer encuentro con el Estado llega en forma de castigo, nunca de prevención, acompañamiento o asistencia”, por lo que “un niño o niña que delinque no es un criminal, es una víctima”.

La declaración subraya que las estadísticas en las que se fundamenta la línea argumental del proyecto lejos están de reflejar las verdaderas condiciones que atraviesan las infancias y adolescencias en la Argentina, donde muchos padecen “abandono estatal”, al tiempo que están “sumidos en la violencia de sus hogares y establecimientos escolares, sin oportunidades reales y atravesados por la problemática de las drogas”.

La semana pasada, por 149 votos positivos contra cien negativos, Diputados dio media sanción a esta iniciativa que el tándem Milei-Bullrich metió en extraordinarias entre gallos y medianoche. Entre los votos a favor que tuvo el proyecto estuvieron los del bloque salteño de Innovación Federal, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Dentro de su enfoque reaccionario, la propuesta que deberá debatirse en el Senado incluye la baja en la edad de punibilidad a catorce años de edad y lleva las penas aplicables para niños y adolescentes a penas privativas de hasta quince años de prisión.

Ante esto, los organismos de Derechos Humanos de Salta recalcaron que “la privación de libertad debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible, ya que atenta contra la salud física, mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo la reincidencia”.

Desde esa mirada, fueron taxativos a la hora de rechazar que se utilice la problemática de la inseguridad ciudadana para justificar la baja de la edad de punibilidad. Y, al respecto, recordaron que Brasil y México fijaron en doce años la edad de imputabilidad y poseen un promedio de veintitrés homicidios cada cien mil habitantes, lo que los pone muy por encima del que registra Argentina donde hasta ahora la edad es de dieciséis años y el promedio asciende a cinco homicidios cada cien mil habitantes. 

Por eso insistieron en resaltar que la baja de la edad “no ha demostrado ser una política exitosa en términos securitarios”. Después de lamentar que “el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante” y no persigue a todos por igual, sino que lo hace con “los más pobres y los más vulnerables”, puntualizaron que “en un país donde siete de cada diez niños, niñas y adolescentes se van a dormir sin cenar, porque sus familias son pobres, porque el Estado no garantiza el acceso a todos sus derechos”, resulta imprescindible “oponernos rotundamente a la baja de la edad punible”.

En idéntico sentido recalcaron que “la propuesta de bajar la edad de punibilidad no es una medida aislada de seguridad, sino la reactivación de un hilo invisible que conecta las prácticas represivas del pasado con el presente”, ya que se trata de un “anacronismo jurídico” que permite que el Estado opere bajo la Doctrina de la Situación Irregular “donde el niño no es un sujeto de derechos, sino un objeto de tutela o castigo”. Por lo cual “al proponer la baja de la edad, las derechas que lideran el Estado no solo buscan ‘seguridad’, sino que intentan relegitimar una concepción autoritaria de la infancia: aquella que ve en la vulnerabilidad un peligro a neutralizar y no una vida a proteger”.