Dirigentes sindicales docentes reclamaron al fiscal Patricio Rovira que se fije fecha para el juicio oral por el asesinato de Isauro y Arturo Arancibia, a casi cincuenta años del crimen. La causa es impulsada por la AMP y Ctera.
“Debemos torcer esta historia de impunidad”, advirtió el titular de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) y Secretario de Derechos Humanos de Ctera, Rogelio De Leonardi, tras participar, junto a su par de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán (Atep), Hugo Britos, de una reunión con el fiscal Patricio Rovira, a cargo de la causa por el doble asesinato de Isauro y Arturo Arancibia que, a medio siglo de haber sido perpetrado, aún no tiene fecha para el inicio del juicio oral.
“El juicio sigue a la espera de que se fije una fecha de inicio”, sostuvo Rovira, quien reconoció que “se trata de una causa emblemática que venimos impulsando desde hace muchos años, atravesada por múltiples vicisitudes, con avances y retrocesos en su tramitación”. Por su parte, Britos hizo hincapié en que “la crueldad de este asesinato nos obliga a seguir reclamando justicia”, y señaló que ese fue el motivo del encuentro con el fiscal. A su vez, De Leonardi insistió en que “a cincuenta años del crimen existe una necesidad imperiosa de que sea esclarecido”, por lo que subrayó: “Estamos aquí para darle un nuevo impulso, con el acompañamiento de la Fiscalía, y esperamos que esto tenga la repercusión suficiente como para que toda la provincia de Tucumán se movilice la semana próxima, con la presencia de las máximas autoridades de Ctera”.
Durante 2025 justamente la Ctera lanzó una campaña nacional de recolección de firmas para respaldar el pedido de que el Poder Judicial avance con el juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia, perpetrados durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 por personal policial que irrumpió por la fuerza en el local de Atep. En la causa están imputados Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez, quienes en 1976 se desempeñaban como agentes de la Policía de Tucumán, así como también Manlio Martínez, entonces juez federal, acusado de no haber investigado los hechos y, por ello, imputado por los delitos de prevaricato y encubrimiento.
Hace nueve años, los cuatro imputados fueron beneficiados con sobreseimientos y faltas de mérito. Sin embargo, la apelación de la Fiscalía y de las querellas permitió revertir esa decisión en 2021, dejándolos al borde de enfrentar un juicio oral cuyo inicio continúa demorándose, favoreciendo el avance de la impunidad biológica. Cabe recordar que, poco antes de ser asesinado, Isauro Arancibia había sido amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina.
Por otra parte, la semana pasada, al cumplirse cincuenta años del golpe de Estado de 1976, Ctera realizó un homenaje a Isauro y a los 880 docentes detenidos-desaparecidos en todo el país durante la última dictadura. La actividad reunió a referentes sindicales, representantes internacionales y organismos de derechos humanos, en una jornada atravesada por la memoria colectiva y el reconocimiento a quienes marcaron el camino de la organización docente.
“Los trabajadores de la educación fuimos uno de los sectores más duramente golpeados”, recalcó el dirigente de AMP y añadió que “la dictadura nos atacó con una persistencia sistemática”. Para dar cuenta de ello, sostuvo: “No debemos olvidar a Isauro y Arturo Arancibia, ni a la docente jujeña Marina Vilte, secuestrada y desaparecida el 31 de diciembre de 1976. Ella también fue fundadora de Ctera, al igual que el cordobés Eduardo Requena, quien corrió la misma suerte”.
Asimismo, evocó lo que “está muy bien narrado en La oruga sobre el pizarrón, el libro de Eduardo Rosenzvaig”, a quien definió como “un autor, escritor y poeta tucumano, a quien conocí hace muchos años militando en la Federación Juvenil Comunista de su provincia”. Y concluyó retomando una idea presente en el prólogo de esa obra: “A la dictadura instalada el 24 de marzo de 1976 le hacía falta la muerte de un maestro”.
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