Alerta por la orden de desalojo del Gobierno de la Ciudad a un espacio de víctimas de violencia de género

Desde que asumió Jorge Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad los recortes del presupuesto destinado a las políticas de prevención y erradicación de las violencias de género han sido una constante, en sintonía con el ajuste del 90 por ciento implementado en el área a nivel nacional desde la llegada a la presidencia de Javier Milei. En 2025 el gobierno porteño degradó a la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la Jefatura de Gobierno, en una Dirección General. Tras oficializarse el decreto en el Boletín Oficial con el argumento de una “readecuación estructural del Estado”, las autoridades de la Ciudad sostuvieron que la medida representaba un ahorro de 13.319 millones de pesos y que ese dinero se usaría para tener “más seguridad, mejor salud y más educación”. Claro que, como es una marca registrada en las dos décadas que el macrismo lleva gobernando la Capital, en salud y educación los recortes y la sub ejecución presupuestaria continuaron su marcha.

Casi en simultáneo, la Dirección General de la Mujer (DGM) del Ministerio de Desarrollo Humano pasó a denominarse Dirección General de Protección contra la Violencia Familiar. El cambio del nombre del organismo del cual depende el refugio Mariquita Sánchez no es un detalle menor: da cuenta de un enfoque político que deja por fuera de su órbita de atención a aquellas situaciones de violencia contra las mujeres y diversidades que suceden por fuera del ámbito privado o intrafamiliar, operando en la práctica como justificativo para seguir recortando. Si bien es cierto que la mayoría de los casos de abusos, violaciones y femicidios ocurre en contextos de convivencia de pareja o convivencia familiar, la problemática tiene muchas más aristas y la óptica reducida con la que pretende abordarla el GCABA va acompañada de la reducción partidas y recursos.

El ajuste en géneros del alcalde de la Ciudad afecta también a las niñeces, que se ven obligadas por los contextos de violencia que padecen a vivir con sus madres o hermanas mayores a cargo de ellas en refugios como el que ahora quiere cerrar. Esta situación, a la vez, se ha visto agravada con la suspensión del programa Acompañar y de sus correspondientes giros a CABA; un subsidio que se otorgaba desde Nación y que ayudaba a mujeres y diversidades a salir del círculo de violencia en el que viven, muchas veces con menores bajo su tutela.

Para el último 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) relevó en su informe anual que durante 2025 en CABA más de la mitad de los homicidios dolosos que tuvieron por víctimas a mujeres fueron femicidios. Sobre un total de 19 asesinatos, 10 recibieron esa carátula y en la mitad de esos femicidios los agresores contaban con antecedentes por violencia de género física y psicológica. Pero el Estado porteño, con el mayor presupuesto distrital de todo el país, no puso a disposición las herramientas necesarias para evitar estos crímenes. 
 
La decisión de desalojar un refugio para mujeres víctimas de la violencia de género y del sistema prostituyente, como es el caso del Mariquita Sánchez, comunicada la semana pasada no es ningún hecho aislado. Por ejemplo, un año atrás, el macrismo dispuso el cierre del Centro Integral de la Mujer (CIM) Macacha Güemes en la Comuna 13. Los CIM fueron creados en 2015 luego de las primeras y masivas marchas del movimiento Ni Una Menos con el propósito de promover los derechos de las mujeres y ofrecer una asistencia integral a víctimas de violencia de género mediante atención psicológica, social y asesoramiento jurídico de manera gratuita.

En paralelo, tampoco son una excepción las condiciones de flexibilización y precarización laboral en las que las integrantes del refugio Mariquita Sánchez desempeñan sus tareas. Lxs trabajadorxs de la Dirección General de la Mujer tienen que lidiar con el congelamiento de sus salarios y con renovaciones tardías de contratos que lxs dejan varios meses sin cobrar, cuando tienen la suerte de que se les renueve el vínculo laboral si es que no se prioriza por sobre ello a los crecientes convenios tercerizados con Oenegés evangelistas que poseen una mirada cargada de preconceptos y muchas veces antagónica con las respuestas integrales que debería dar el Estado frente a hechos de violencia de género. 

Frente a la amenaza en ciernes, las trabajadoras y residentas del equipo interdisciplinario del Mariquita Sánchez, ubicado en la Comuna 8 del siempre relegado sur de la ciudad, manifestaron que “bajo la excusa de una relocalización por necesidades de gabinete”, fueron notificadas “del desalojo inminente y la reorganización forzada del espacio”. En su carta dirigida a Jorge Macri, al Jefe de Ministros Gabriel Sánchez Zinny, al Ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano, y al Subsecretario de Familia y Comunidad, Jesús Giraudo, presentada el 14 de mayo; expresaron que la medida atenta de lleno contra las obligaciones que el gobierno porteño debería asumir desde la DGM. En tal sentido, puntualizaron algunas de las graves consecuencias que implica este recorte:

-  Vulneración de Derechos Adquiridos: El reemplazo de la función específica de la Unidad Convivencial, para         convertirlo en un parador con el objetivo de “asistir” a la situación de calle, desatiende la problemática de las           violencias por motivos de género, exponiendo a  las víctimas a una mayor vulnerabilidad.

-  Hacinamiento y condiciones de habitabilidad: El espacio tiene dimensiones reducidas e insuficientes para             garantizar la intimidad y dignidad de las mujeres y sus hijxs, impidiendo el desarrollo de las tareas de                         acompañamiento y asistencia necesarias.

-  Violencia Institucional: Cuando las personas víctimas de violencia son trasladadas de un refugio a otro sin un       protocolo claro o sin considerar su bienestar emocional, se incurre en una revictimización y en una                             vulneración directa de sus derechos fundamentales.

Por lo expuesto, solicitaron de manera urgente la suspensión inmediata de esta medida arbitraria y el restablecimiento de instalaciones adecuadas para el funcionamiento del refugio. Asimismo, apelaron a la solidaridad de las organizaciones para evitar que se consume esta injusticia. En tanto que adelantaron que aunque las muevan del lugar no van a callarse y seguirán acompañando a las víctimas. “No dejamos de creer que todxs tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias”, afirmaron.

No se trata de una simple mudanza; se trata de un nuevo ataque a quienes padecen situaciones de trata de personas y violencia de género y de un nuevo intento de desgaste contra las trabajadoras precarizadas que todos los días ponen lo mejor de sí para dar contención humana y una respuesta eficiente a estos flagelos.

En su página web el Gobierno de la Ciudad sigue referenciando la tarea imprescindible que realiza el Refugio Mariquita Sánchez: “Brinda alojamiento a puertas cerradas a personas que estén atravesando situaciones de Violencia de Género o Trata de personas mayores de 18 años con sus hijos e hijas cuyo riesgo resulte un peligro inminente de la integridad física o psicológica. Ofrece asistencia psicológica individual con el propósito de empoderar a la mujer generando nuevos modelos vinculares con pares y con sus hijos. El refugio se caracteriza por ser un espacio de puertas cerradas y domicilio reservado, con el fin de proteger al grupo familiar del riesgo al cual están expuestos”. 

Desde ya que el GCABA nada cuenta en su página del desalojo del lugar y de que, como “alternativa”, les impone a las víctimas una mudanza forzada a un parador para gente en situación de calle, dejando además en la incertidumbre total a sus equipos interdisciplinarios de trabajo. Para solidarizarse con las mujeres que asisten a este espacio y con sus trabajadoras se puede enviar una adhesión por whatsapp al número que a estos fines han puesto a disposición: 116-436-4892. 

Por su parte, las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Humano en una asamblea realizada esta mañana, acompañadas por Antonella Bianco, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la UTE y responsable sindical del Partido Comunista de CABA, entre otras dirigentas de distintos sectores; presentaron una carta al ministro Mraida y definieron ir esta tarde a la Defensoría del Pueblo para presentar una denuncia contra el cierre del refugio Mariquita Sánchez ante el Ministerio Público Fiscal.