¡Liberen a Paula y Lucas!

La situación de Paula Giménez y Lucas Aguilera, periodistas argentinos de la agencia Nodal (Noticias de América Latina y el Caribe), ha adquirido en las últimas horas un carácter de extrema gravedad humanitaria, tras confirmarse su detención ilegal en Libia del este mientras participaban del Convoy Global Sumud Magreb, una iniciativa internacional de ayuda al pueblo palestino. Luego de once días sin información oficial, ambos lograron comunicarse con sus familias desde Bengasi, lo que permitió conocer detalles alarmantes sobre su estado y las condiciones de detención. Según información difundida por Nodal, los voluntarios permanecen aislados, incomunicados incluso entre sí y sometidos a condiciones que vulneran abiertamente el derecho internacional humanitario. En ese marco, afirmaron que sostienen una huelga de hambre desde hace más de cuatro días, y que algunos incluso iniciaron una huelga seca, agravando de manera crítica su estado de salud. La comunicación, lejos de llevar tranquilidad, confirmó la existencia de una situación límite que pone en riesgo la vida de los detenidos. Desde Nuestra Propuesta denunciamos este secuestro y nos solidarizamos con nuestros colegas, víctimas de una persecución que criminaliza la solidaridad internacional y que buscar acallar a las voces que denuncian el genocidio de Israel en Gaza y en el Líbano.

De acuerdo con lo relatado por los propios detenidos, las condiciones en las que permanecen constituyen un cuadro sistemático de vulneraciones a los derechos humanos básicos. Según informaron durante la vista, Paula y Lucas han sufrido desmayos y se pudo constatar que se encuentran en un estado de debilidad extrema, pérdida de peso y un deterioro físico acelerado producto de la huelga de hambre, a lo que se suma la falta de asistencia médica adecuada. También se comprobó que sufren aislamientos prolongados, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos y hostigamientos constantes, prácticas que configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según Nodal, estas condiciones se ven agravadas por la ausencia de acceso a asistencia jurídica efectiva y por la falta de información clara sobre su situación procesal. La detención se estaría llevando a cabo en un centro clandestino conocido como “black site”, bajo control del Ministerio del Interior libio, lo que refuerza la preocupación por la inexistencia de supervisión independiente. Este cuadro no solo constituye una violación flagrante del derecho internacional, sino que revela una estructura de detención arbitraria que opera al margen de toda legalidad.

La gravedad del caso se intensifica ante la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de equipos médicos independientes o visitas humanitarias internacionales, incluso frente a un cuadro sanitario crítico. Según la información brindada por Nodal, son los propios médicos voluntarios del convoy quienes intentan asistir a sus compañeros, pese a encontrarse ellos mismos en condiciones de agotamiento físico y psicológico extremo. En este marco, la posibilidad de establecer contacto con sus familias fue resultado de la presión ejercida mediante la huelga de hambre, y no de mecanismos institucionales de protección. Este dato resulta particularmente significativo, ya que evidencia la inexistencia de canales regulares de comunicación y supervisión. La incertidumbre permanente, las promesas incumplidas de liberación y las comunicaciones contradictorias sobre una eventual comparecencia judicial configuran un escenario de manipulación e indefensión total. En este contexto, la exigencia de una intervención urgente de organismos internacionales no es solo legítima, sino imprescindible para evitar consecuencias irreparables.

El secuestro de Giménez y Aguilera no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de una ofensiva más amplia contra toda forma de solidaridad con el pueblo palestino. La caravana en la que participaban tenía como objetivo acompañar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, en medio del genocidio que el gobierno de Benjamin Netanyahu lleva adelante contra la población palestina. La criminalización de esta misión civil internacional revela hasta qué punto Estados Unidos e Israel con sus aliados buscan bloquear incluso la asistencia humanitaria más básica. Al mismo tiempo, la escalada de agresiones israelíes contra el Líbano confirma una estrategia regional de expansión militar que profundiza la crisis en Medio Oriente. En este contexto, la detención de voluntarios internacionales constituye un mensaje disciplinador dirigido a quienes intentan romper el cerco humanitario sobre Gaza. Desde Nodal señalaron que la asistencia humanitaria no puede ser considerada delito, y que su persecución viola principios fundamentales del derecho internacional.

Desde Nuestra Propuesta exigimos la inmediata liberación de nuestros compañeros trabajadores de prensa Paula Giménez y Lucas Aguilera y del conjunto de los voluntarios detenidos, así como el cese de las condiciones de aislamiento, incomunicación y hostigamiento a las que son sometidos. La ayuda humanitaria al pueblo palestino debe ser garantizada por todas las vías posibles y bajo los principios del derecho internacional humanitario. La criminalización de la solidaridad constituye un retroceso civilizatorio que no puede ser tolerado. La solidaridad entre los pueblos no es un delito, es una necesidad histórica frente a la barbarie imperialista. Frente al genocidio y la guerra, la única respuesta posible es más solidaridad, más organización y más lucha.