La Patagonia en peligro

En el contexto de la situación creada por la intromisión en nuestros países del llamado Escudo de las Américas, que logró rejuntar una veintena de títeres mandatarios latinoamericanos, sumado a las necesidades del imperialismo norteamericano de apropiarse de los recursos naturales de la región y de tierras de gran extensión para la radicación de grandes empresas de desarrollo de inteligencia artificial  y centros de datos, o para la explotación petrolera o minera, o para poseer enclaves militares que permitan controlar el Atlántico sur y la Antártida; nuestra Patagonia argentina se ha convertido en territorio vital para lograr tales objetivos. 

La Patagonia argentina se extiende por más de 800.000 km2 en su parte continental sudamericana, pero sumándole el sector de la Antártida Argentina, que es un departamento de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, el área llega a los 1.700.000 km2. Según el último Censo de 2022 la población patagónica es de 2.981.912 habitantes, dando una densidad poblacional de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Las Naciones Unidas califican territorios como Mongolia, Groenlandia y nuestra Patagonia, como áreas mayoritariamente deshabitadas. Lo cual nos lleva a inferir que en un planeta Tierra tan densamente poblado, necesariamente pasan a ser codiciados por potencias que carecen de territorios necesarios para sus desarrollos.

Invasiones a nuestra soberanía

Poco a poco esos poderes extranjeros van avanzando en nuestro territorio. Ya no son solamente los Joe  Lewis (británico) y Luciano  Benetton (italiano), propietarios desde hace años de regiones sensibles en la Patagonia, sino de representantes de Estados que pretenden afincarse por aquí con fines oscuros. Un caso es el de  Mekorot, empresa sionista estatal de aguas de Israel, que desempeña un papel altamente politizado en Oriente Medio, denunciada por la ONU y diversas organizaciones internacionales como un brazo ejecutor del control geopolítico israelí en Palestina. Dicha empresa en cuestión logró entrar en la provincia de Río Negro, en febrero de 2023, con un acuerdo con la gobernación durante la gestión de Arabela Carreras, de un Plan Maestro para el sector hídrico provincial, con proyección al 2050. Ese plan incluía, como objetivo principal, analizar el estado actual del agua superficial y subterránea de la provincia. Dicho acuerdo generó en su momento fuertes resistencias políticas y sociales, ya que en primer lugar la provincia cedía a la firma extranjera, mediante cláusulas de confidencialidad, la propiedad intelectual de la información hídrica y geológica recopilada. Para mayor muestra de inequidad del convenio, con una clara imposición imperialista por parte de la empresa, y de docilidad de colonia por parte de la provincia, se dejaba constancia que cualquier disputa legal se dirimiría bajo las leyes y tribunales de Inglaterra. Organizaciones ambientalistas y legisladores locales reclamaron que el convenio se manejó de forma "secreta" sin pasar de manera previa por el debate de la Legislatura provincial. Hubo denuncias penales contra la ex gobernadora, las que por supuesto, como corresponde a nuestra Justicia colonialista, fueron desestimadas.

Realezas del desierto en la Patagonia

Estados Árabes del Medio Oriente, hoy enrolados junto a Estados Unidos en la guerra contra Irán, son enclaves que, aparte del petróleo, fuente de su riqueza y existir, no poseen recursos que les permitan abastecerse para la vida cotidiana. Hasta los alimentos deben importar y, en algunos casos hasta el agua. Con objetivos no muy claros, varios de esos principados rémoras del feudalismo, han paulatinamente adquirido tierras en nuestra Patagonia en regiones que contienen agua dulce, glaciares y en áreas de frontera, en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Esas operaciones las han realizado a través de fideicomisos, fondos de inversión y redes de empresas pantallas. Principalmente se trata de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar. Los Emiratos poseen 50.000 hectáreas repartidas en la zona de Alto Río Chubut, donde han construido un complejo de cinco mansiones blindadas, cuya tierra fue comprada en forma irregular por tratarse de zona de frontera protegida; otra parte  en la costa del río Foyel en Río Negro donde poseen un helipuerto, hangar y pista de aterrizaje y 24 cabañas Premium frente al glaciar Perito Moreno en Santa Cruz en una disputa territorial con la comunidad mapuche Lof Cayunao. Este último complejo es un área protegida por ser Reserva Provincial natural y no podía ser vendida; sin embargo el gobernador Claudio Vidal autorizó esa venta con un Decreto de excepción.

Por su parte Qatar posee 10.000 hectáreas repartidas entre la cuenca del río Villegas al sur de Bariloche, Río Negro, en donde tiene residencias de ultra lujo en el exclusivo centro de esquí de alta montaña Baguales, por lo que tiene denuncias de cercamiento y privatización de cursos de agua en el arroyo Baguales y nacientes del río Chubut.
Las tierras adquiridas, sorteando las restricciones de la entonces Ley de Tierras, poseen un alto valor geopolítico, ya que abarcan nacientes de ríos, glaciares, lagunas y extensos bosques nativos.  

El alambrado y la modificación de estos entornos naturales restringen los derechos de paso de antiguos pobladores y ponen en riesgo el acceso de la población general a recursos hídricos vitales. Además Qatar en sociedad con la petrolera Shell realiza desde 2019 exploraciones en nuestro territorio.

En una entrevista realizada por Resúmen Latinoamericano en agosto, la doctora Magdalena Odarda, ex senadora por Río Negro y ex presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, denunciaba que están investigando la presencia de Estados extranjeros en Río Negro, que se esconden debajo de una pantalla jurídica; se refiere a los mismos Estados ya mencionados, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que han comprado desde 2017  aproximadamente 70.000 hectáreas. Declaró la doctora Odarda que los máximos jefes de Estado de estos dos países  “han estado visitando sus posesiones en nuestra provincia y todo se ha dado en un marco de hermetismo total, sin informar a la población cuál es el motivo de la presencia de un jefe de estado en la provincia, ocupando sus estancias junto a una comitiva de más de 200 personas”. Agregó entonces que “existe una causa judicial en el Juzgado Federal de Bariloche donde se investigan los fondos con que se compraron esas miles de hectáreas en la zona del alto río Chubut, entre Bariloche y El Bolsón”.
 
El péndulo con la Ley de Tierras

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en la Argentina hay 13,3 millones de hectáreas en manos extranjeras, más del 5% del total de las tierras. La ley de Tierras fijaba que los extranjeros no podían poseer más del 15% de las tierras a nivel nacional, provincial y departamental. Esta limitación es de dudoso cumplimiento, sobre todo por abajo, en Departamentos e Intendencias.
A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de septiembre que derogaba la ley y su posterior reposición, transcurrieron once días en los cuales las ventas inmobiliarias a extranjeros fue tierra de nadie. La decisión fue tomada por mayoría de cuatro votos, con la intervención de dos conjueces. Es una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el juzgado de primera instancia, en Bariloche, resuelva la discusión de fondo. Conviene aclarar que los Supremos habían rechazado la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para hacer el reclamo judicial sobre la soberanía territorial, como si los que arriesgaron y dieron sus vidas en Malvinas no tuviesen autoridad para reclamar sobre cuestiones que hacen a la soberanía.

El diputado nacional Sebastián Galmarini pidió informes al Poder Ejecutivo para que precise si el Registro Nacional de Tierras Rurales posee operaciones de escrituras de ventas a extranjeros en ese período. Todavía no hay respuestas. Por otro lado el Observatorio de Tierras, integrado por la UBA y el CONICET detectó una inmobiliaria trucha denominada “Loma Alta Propiedades” que puso a la venta 3.000 hectáreas en Chubut en la región de Río Pico, incluyendo un lago privado y 16 kilómetros de costa sobre el mismo. Cuando se destapó la olla de las denuncias sobre supuestas ventas a extranjeros, la página web de dicha supuesta inmobiliaria desapareció de internet.

Todo este aquelarre se complementa con el anuncio del ministro Luis Caputo en París, por el que lanzó el que llamó Programa de Ciudadanía por inversión, por el cual se  le otorgará la ciudadanía argentina a cualquier extranjero que abone 350.000 dólares o compre un bono a siete años por 800.000 dólares. Esta insólita decisión en última instancia tira por tierra la propia legislación sobre Tierras que intenta ofrecer una protección soberana, ya que los ávidos inversores inmobiliarios como los emires y sultanes del Golfo Pérsico, o los tecnócratas de Silicon Valley como Peter Thiel o Elon Musk, con el valor de apenas unas monedas para ellos, tendrán disponibles para sí y sus familiares las tierras apetecibles para sus negociados o placeres. 

Como conclusión primaria, es totalmente inútil aceptar como auténtica la defensa de soberanía con un gobierno que permite tales violaciones en cuestiones de propiedad de tierras sensibles, así como permite regalar ciudadanía a personajes con intereses antagónicos a los del pueblo argentino, o tantas cosas más como sacar las reservas de oro del banco Central para llevarlas a Inglaterra para especular en la timba financiera, o hace las pantomimas de rasgarse las vestiduras en defensa de la soberanía de las islas Malvinas cuando en tres años de gestión ni abrió la boca y cuando se refirió despectivamente a los jugadores que exhibieron la tela pintada reivindicando esa defensa en el partido contra Inglaterra. El gobierno popular que surja en 2027 tendrá gran trabajo en restaurar todo el daño que se ha hecho en este tema.