El caso Braunstein y el ensañamiento de la dictadura contra el Partido Comunista

A cincuenta años del golpe de Estado de 1976 y en medio de la ofensiva negacionista del gobierno de Javier Milei, la justicia argentina continúa avanzando en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. El pasado 20 de octubre comenzó en Córdoba un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, conocido como causa Gutiérrez o Di Santo, que investiga el accionar del aparato represivo en Río Cuarto y distintas localidades del sur provincial. El proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal número 1, tiene a 21 exmilitares y expolicías acusados por crímenes cometidos entre 1975 y 1978 contra más de setenta víctimas. Entre los casos que llegaron a esta instancia se encuentra el secuestro y la desaparición de Gabriel Braunstein Maiden, un militante del Partido Comunista cuya historia constituye una expresión de la persecución sistemática desplegada contra la organización y sus cuadros políticos. 

Gabriel Braunstein tenía 54 años cuando fue secuestrado, el 10 de junio de 1976, en la ciudad de Río Cuarto. Militante del Partido Comunista y víctima de persecución política desde comienzos de la década de 1960, Braunstein desarrollaba una activa participación en la vida política local y formaba parte de la Multisectorial por la Paz, una iniciativa de articulación contra la violencia de las bandas parapoliciales. Aquella noche, un grupo de hombres armados, integrantes del aparato represivo, llegó hasta la estación de servicio de su propiedad, en cuya planta alta se encontraba su vivienda. Después de reducir a un trabajador y a otras personas presentes, los secuestradores irrumpieron en el domicilio, inmovilizaron a su compañera, Isabel Bonacci, y a otras mujeres que se encontraban allí, y se llevaron por la fuerza al militante comunista. También sustrajeron objetos de valor, en una maniobra que procuraba encubrir el carácter político del operativo. Desde entonces, Braunstein permanece desaparecido.

Dos días después del secuestro, apareció en un campo de Calamuchita el cuerpo de un hombre que había sido asesinado a balazos y posteriormente quemado. Los restos nunca fueron identificados y terminaron enterrados como NN en una fosa común del cementerio San Vicente de Córdoba, sin que se practicaran los estudios necesarios para establecer su identidad. La investigación judicial sostiene que existen indicios para considerar que podrían pertenecer a Braunstein, aunque hasta el momento no ha sido posible confirmarlo. Su compañera presentó un recurso de hábeas corpus pocos días después de la desaparición, mientras el Partido Comunista también denunció el secuestro ante la Justicia Federal. Durante décadas, las actuaciones quedaron atrapadas en un largo recorrido judicial que demoró el esclarecimiento de los hechos y favoreció la impunidad de los responsables. Recién en 2022, a instancias de la querella de la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto, el expediente fue incorporado a la causa Gutiérrez, que finalmente llegó a juicio oral. La propia Bonacci, que también sufrió el encarcelamiento durante la dictadura, se encuentra entre los testigos previstos para el debate.

La reconstrucción de este caso se inscribe en una investigación mucho más amplia sobre el funcionamiento del terrorismo de Estado en el sur cordobés. La causa comprende 62 hechos que incluyen secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, asesinatos y delitos contra la integridad sexual. Entre las víctimas se encuentran numerosos estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyos espacios de militancia política, gremial y estudiantil fueron objeto de una persecución organizada. La acusación reconstruye el funcionamiento articulado de dependencias militares, policiales y penitenciarias que operaron como piezas de un mismo dispositivo represivo, entre ellas el Batallón de Arsenales de Holmberg, la Policía Federal, la Policía provincial y los centros clandestinos de La Perla y Campo de la Ribera. La dimensión de los crímenes investigados pone de manifiesto que la represión no respondió a episodios aislados, sino a una planificación destinada a destruir organizaciones políticas y populares que tenían una importante gravitación en la sociedad cordobesa.

En ese entramado, la persecución contra el Partido Comunista tuvo características específicas que es necesario recuperar. Como señaló Federico Nanzer, Secretario Político del PC de Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en la provincia, tenía un “ensañamiento particular, desmesurado y obsesivo” contra los comunistas. Lejos de tratarse de una persecución indiscriminada, la ofensiva represiva se dirigió contra los espacios en los que el Partido había construido una presencia política y organizativa significativa. “Menéndez llevó adelante un ataque quirúrgico y selectivo contra el Partido Comunista y contra su dirección política. Atacó la dirección de La Fede universitaria, atacó la célula de Luz y Fuerza, atacó la dirección del Frente Militar del Partido Comunista y persiguió su estructura de organización”, recordó Nanzer. La enumeración permite advertir que el objetivo de los represores era desarticular una organización que contaba con una militancia extendida en el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y otros espacios de lucha popular. No se trataba solamente de perseguir a determinados dirigentes, sino de golpear las estructuras desde las cuales los comunistas intervenían activamente en la vida política y social de Córdoba.

Esa persecución, además, había comenzado antes del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando las organizaciones parapoliciales actuaban con creciente impunidad. Nanzer recordó los ataques de 1974 contra las instalaciones de Luz y Fuerza y del Partido Comunista, donde fue asesinada la camarada Tita Hidalgo, un crimen por el que todavía se reclama justicia. También subrayó la importancia que había alcanzado la Federación Juvenil Comunista en la Universidad Nacional de Córdoba, donde dirigía centros de estudiantes y compartía con Franja Morada la conducción de la Federación Universitaria de Córdoba en la clandestinidad. Era una militancia que había participado de las luchas obreras y estudiantiles abiertas por el Cordobazo y sostenía estrechos vínculos con los trabajadores de distintos establecimientos industriales de la provincia. El costo humano de aquella ofensiva fue devastador. “Por eso los comunistas cordobeses, tristemente, tenemos 25 desaparecidos y desaparecidas. La mayoría pasaron por La Perla”, señaló el dirigente, quien recordó también a los cerca de cien detenidos por razones políticas y a los numerosos militantes que debieron exiliarse u ocultarse para escapar de la represión.

La persistencia de esa lucha encontró, precisamente en estos días, otra expresión de enorme trascendencia. El viernes 23 de octubre, apenas tres días después del comienzo del juicio, la Justicia Federal de Córdoba anunció la identificación de ocho nuevas víctimas de la dictadura cuyos restos habían sido recuperados en Loma del Torito, en las inmediaciones del antiguo centro clandestino de exterminio La Perla. Entre ellas se encontraba Mónica Protti, militante de la Federación Juvenil Comunista, oriunda de Río Cuarto y estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Protti integraba aquella Fede universitaria cuya importante presencia en el movimiento estudiantil había sido blanco de los represores y era compañera de Enrique Daniel Guillén, conocido como el Huevo, uno de sus principales dirigentes. “Ya llevamos siete camaradas del Partido Comunista identificados. En esta ocasión apareció Mónica Protti”, celebró Nanzer, quien destacó el significado que la recuperación de sus restos tenía para sus familiares y para la militancia comunista. Con estos nuevos hallazgos, las tareas de identificación realizadas en el predio permitieron restituir la identidad de 38 personas desaparecidas.

El comienzo del juicio por la causa Di Santo y las nuevas identificaciones en La Perla son acontecimientos distintos, pero expresan la continuidad de una misma lucha que atraviesa ya medio siglo de historia argentina. Ambos son el resultado de la perseverancia de familiares, sobrevivientes, organizaciones políticas y organismos de derechos humanos que nunca aceptaron la impunidad como un destino inevitable. En el caso de Río Cuarto, esa perseverancia permitió sostener las denuncias, recuperar testimonios, incorporar documentación y llevar finalmente al banquillo a una parte de los responsables, cuando muchos otros murieron sin responder por sus crímenes. El proceso contará con alrededor de un centenar de testigos y se extenderá durante varios meses, en una nueva oportunidad para reconstruir judicialmente los mecanismos del terror estatal y establecer las responsabilidades de sus ejecutores.

Que estos juicios continúen avanzando constituye, además, una respuesta política y moral a la ofensiva del gobierno de Milei contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Mientras desde la Casa Rosada se procura relativizar los crímenes de la dictadura, rehabilitar la teoría de los dos demonios y desmantelar las políticas públicas construidas durante décadas de lucha popular, los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas siguen demostrando que la impunidad no está definitivamente asegurada. 

La desaparición de Gabriel Braunstein, como la de tantos otros militantes del Partido Comunista, recuerda que el terrorismo de Estado procuró destruir una militancia profundamente arraigada en las luchas sociales y populares. Pero también que sus responsables no consiguieron borrar la memoria de quienes resistieron. “Haber dado batalla todos estos años tiene sentido”, afirmó Nanzer, y subrayó que “no vamos a parar hasta que el último milico se muera preso y  no vamos a parar hasta que el último compañero y compañera aparezca”.