Misiones: autorizan el uso del glifosato

Desde donde se lo mire “todo esto resulta muy negativo”, lamentó Rodolfo Argentino Almeida, productor de yerba mate de la localidad misionera de Campo Viera. La iniciativa del gobierno encabezado por Hugo Passalacqua modifica la Ley de Bioinsumos, eliminando así la prohibición que pesaba para la utilización del glifosato sobre plantaciones yerbateras.

Desde el Ejecutivo y el sector más concentrado de la industria yerbatera, se argumenta que tal determinación suministra “previsibilidad”, pero por parte de organizaciones ambientales y sectores vinculados a la salud pública llueven las críticas por las consecuencias que tal medida puede ocasionar en la tierra y la salud.

En esta sintonía se pronunció Almeida, quien posee una vasta trayectoria como militante del Movimiento Campesino de Liberación. El pequeño productor yerbatero no ocultó su perplejidad por la adopción de esta medida. “Sorprende esta decisión que preocupa a los productores de las chacras pequeñas porque todos sabemos que eso es un contaminante muy peligroso y hay ejemplos históricos de las consecuencias negativas que trae el uso de este herbicida”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “por todo eso hay que estar en contra de esta decisión que no se a quién se le ha podido ocurrir ni sé cuáles son los intereses a los que responde”. Tras lo cual, recordó que “por algo es que este producto se ha dejado de utilizar, por el costo tan elevado que tiene, pero también por lo perjudicial que es para la salud, la vegetación, la tierra y el agua, porque destruye el medioambiente”. De hecho, subrayó que por estos motivos perjudiciales es que “la gran mayoría de los productores pequeños no lo usamos”. Sus afirmaciones se basan en conclusiones científicas. Por ejemplo, ya en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer alertaba que el glifosato es cancerígeno para los humanos.

Casi en simultáneo a la aprobación del uso de glifosato sobre campos de yerba mate en Misiones, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) expulsó el pasado 26 de octubre a la investigadora Virginia Aparicio, especialista del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinadora argentina del proyecto internacional Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal, por sus siglas en inglés), que justamente evalúa cómo el uso de agroquímicos impacta en la salud humana y animal y en el medioambiente.

Se trata de una presigiosa científica que desde hace varios años se dedica a estudiar a fondo estos temas, nodales para un proyecto de país soberano con un verdadero desarrollo sustentable, protector del ecosistema y las futuras generaciones. Su labor en el INTA hacía un aporte de calidad para prevenir acerca del uso de agroquímicos y productos fitosanitarios que afectan sensiblemente la flora, la fauna, la tierra y hasta la propia vida humana.

El despido de Aparicio fue denunciado como un caso de persecución institucional contra la libertad de investigación en tópicos que presentan un fuerte impacto social y ambiental. A la vez, se enmarca dentro del sostenido ataque al INTA que viene llevando a cabo el gobierno de Javier Milei para un proyecto de país donde la soberanía y el desarrollo sustentable evidentemente no tienen lugar.