Desde la Ctera, su Secretario de Derechos Humanos Rogelio de Leoardi, advirtió acerca del peligro de que la impunidad biológica acabe por dejar trunca la causa en la que deben ser juzgados los acusados de haber asesinado a Arturo e Isauro. El inicio del debate oral sigue sin fecha firme.
Se acerca fin de año y cada día que pasa escribe un nuevo capítulo de impunidad en el caso del asesinato de los hermanos Isauro y Arturo Arancibia. El Tribunal Oral Federal de Tucumán, que debe juzgar a los imputados que aún viven, sigue sin dejar firme la fecha de inicio al debate oral que debía haber comenzado el 3 de agosto. Tras su suspensión, se estableció tentativamente la fecha del 15 de febrero para que se sienten en el banquillo de los acusados Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez, quienes durante 1976 eran agentes de la policía tucumana, así como Manlio Martínez, que era el juez federal que debió encargarse de investigar el doble asesinato pero no lo hizo, por lo cual fue acusado de cometer los delitos de prevaricato y encubrimiento.
Como se recordará Isauro Arancibia fue fundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y presidió la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, en cuya sede fue ultimado junto a su hermano Arturo, también docente, durante la noche previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, por una patota que entre otros integraron los policías que hoy deben responder penalmente. A más de cincuenta años del hecho y merced a diferentes maniobras, legales y políticas, estos crímenes continúan impunes.
“Precisamente ante el temor de que se imponga la impunidad biológica es que una de las hermanas de Isauro y Arturo pidió que se le tome la declaración testimonial a cuenta de lo que vendrá en el juicio, porque ya tiene una edad muy avanzada”, refirió el secretario de Derechos Humanos de la Ctera, Rogelio de Leonardi, quien también está llamado a brindar su testimonio en la causa. “ Fue un hecho terrible porque los dos hermanos fueron fusilados en la misma casa de los trabajadores, es decir, en la sede del sindicato de educadores de Tucumán”, remarcó.
Asimismo, el responsable de DDHH de la Cetera recordó que durante las cinco décadas en las que se viene extendiendo la impunidad, “en algún momento se abrió una instancia en la que estuvieron detenidos cuatro o cinco policías de los que actuaron en el operativo que aquella noche terminó con la vida de ambos, pero eso duró muy poco tiempo” y añadió que “hace algunos meses se abrió una nueva perspectiva con el nombramiento de nuevos jueces, pero cuando todos esperábamos que durante este año pudiera realizarse la primera de las audiencias, eso nunca pasó”. De manera que alertó que “se vive una situación que conspira contra la posibilidad de que haya justicia, tanto la edad de los acusados como aquella que tenemos los testigos, entre quienes me incluyo, porque estamos todos en el orden de los ochenta años para arriba, lo que plantea un riesgo lógico de que la causa se vaya quedando sin testigos”.
De Leonardi lamentó que “en este caso se ve crudamente la lentitud propia de la Justicia ordinaria, que es común en varias provincias del país, más aún en las de tipo feudal como son las del norte”. Además, hizo hincapié en que en la causa del asesinato de los hermanos Arancibia, esa lentitud burocrática conlleva un agravante para nada menor porque se trata de crímenes de lesa humanidad.
“Como Secretario de Derechos Humanos de la Ctera apelo a que la ciudadanía, principalmente la militancia sindical docente de Tucumán, active los mecanismos que sea preciso para que esto salga adelante”, subrayó el dirigente. Y resaltó que se vuelve imprescindible “poner la confianza en la fuerza del reclamo callejero como manera de expresarnos, para evitar que esto continúe en demora y acabe convirtiéndose en un acto fallido” ya que, insistió, “se ha cumplido nada más y nada menos que medio siglo del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia y la justicia se empeña en no llegar nunca”.
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